Cinco cambios que incluye la reforma a isapres

Gráfica La Tercera

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La reforma, además del PSU, pretende crear otro plan, denominado Plan de Nuevo Aportante, destinado a los nuevos afiliados al sistema, que provienen de Fonasa, o que comenzarán a cotizar su 7% por primera vez.

Este plan tendrá cobertura y prestaciones acotadas y una duración de dos años. Es decir, solo después de transcurrido ese tiempo los afiliados podrán acceder al PSU.

¿Cómo se determinará el factor de riesgo?

Se pone fin a la actual Tabla de Factores, método utilizado para ajustar el precio de los planes de salud dependiendo de los riegos de sus afiliados. A cambio, se propone el concepto de “competencia regulada”, sistema utilizado en países como Holanda, Alemania y Bélgica. Este sistema incorpora herramientas como el esquema de compensación que, según la ley, su “finalidad será atenuar las diferencias de costos que deben asumir los distintos afiliados por su plan de salud”. Además, se crean los grupos de riesgo.
Si bien hoy las isapres cuentan con un sistema de compensación (incluido en el Plan de Garantías Explícitas en Salud, GES), este solo evalúa variables de sexo y edad sin incluir los problemas de salud.

La reforma amplía este sistema al uso general de las prestaciones que tendrá el Plan de Salud Único (PSU).

La nueva ley crea, además, un nuevo Consejo Técnico de Salud que determinará el monto de la “contribución solidaria” que saldrá del 7% de la cotización que pagan los afiliados mayores de 18 años y que será incluido al esquema de compensación para que pueda funcionar. Con la creación de los grupos de riesgo, donde se agruparán los afiliados, dependiendo de su edad, sexo, condiciones de salud y otras variables que se sumarán al cálculo, se definirá qué grupos hacen mayor y menor uso de las prestaciones; dependiendo de eso, se igualarán los riesgos de cada cartera. Así, las isapres con cartera menos riesgosa deberán transferir recursos hacia aquellas que tengan afiliados con más uso, con lo cual se “desincentiva a las empresas a hacer selección de sus afiliados”, indicó David Debrott, economista en Salud.

Suben exigencias sobre solvencia financiera de isapres

Para dar estabilidad al nuevo sistema, se obligará a las isapres a mantener una garantía “por los montos percibidos producto de la contribución solidaria, equivalente a un porcentaje de dicha contribución”. Además, deberán acreditar capital mínimo equivalente a 10 mil unidades de fomento (UF); una garantía equivalente a 4.000 UF, mantener un patrimonio igual o superior a 0,3 veces sus deudas totales, mientras que su patrimonio no podrá ser inferior a 10 mil UF. Según el exsuperintendente de Salud Sebastián Pavlovic, la nueva normativa “duplica los actuales requisitos y permite responder a la compensación y hace que el sistema tenga mayor solidez financiera”.

Habrá cinco años para migrar al nuevo Plan de Salud Único

Una vez que la ley esté en régimen, que será un año después de su publicación en el Diario Oficial, las isapres solo podrán ofrecer a sus nuevos afiliados el PSU. Con esto, se pretende terminar, en un plazo de cinco años, con los más de 60 mil planes que tiene el sistema actual.

Los actuales afiliados de isapres, en tanto, deberán migrar hacia el PSU, en el mismo plazo de cinco años. Las isapres estarán obligadas a ofrecer el PSU, pero podrán entregar beneficios complementarios en contratos distintos y cuyas prestaciones no estarán afectas a los sistema de compensación. Desde las isapres se ha planteado que esta obligación de migrar hacia el PSU puede generar una judicialización “enorme”.

Un plan de transición “antifugas”

La reforma a las isapres ingresada esta semana al Congreso establece un nuevo Plan de Salud Único (PSU), con una cobertura del 80% en todas las atenciones en una red de prestadores preferentes. El deducible será voluntario y establece un monto máximo de gasto de bolsillo para proteger financieramente a sus afiliados.

El Consejo Técnico de Salud

La iniciativa pretende crear un Consejo Técnico de Salud, con seis integrantes, cuyas funciones serán proponer las prestaciones y costos del PSU, además de los aranceles de dichas prestaciones, el monto de la contribución solidaria, establecer los grupos de compensación y el reglamento para el cálculo de las compensaciones solidarias. Si bien propone todos estos cambios, serán los ministerios de Salud y de Hacienda los que evaluarán las propuestas que se llevarán a cabo. Esto ha generado incertidumbre en la industria, dado que algunos actores esperan que sus resoluciones sean vinculantes y su quehacer autónomo, de autoridades y de gobiernos de turno.

Con información de LaTercera

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